Cláusula suelo en prestamos hipotecarios firmado por sociedades

Sentencia de la Audiencia Provincial de Toledo por la que se declara nula la cláusula suelo impuesto en un préstamo hipotecario firmado por una sociedad

 

 

En fecha 18 de octubre de 2016 se dictó la Sentencia por la Audiencia Provincial de Toledo en la que abre, nuevamente, el camino para que las sociedades o las personas jurídicas puedan reclamar la nulidad de las cláusulas suelos que contengan los préstamos o créditos con garantía hipotecarias por ellas suscritas. Hasta ahora, la sentencia del Tribunal Europeo, de 21 de diciembre de 2016, limitaba la reclamación a los consumidores, y por lo tanto, al no existir una mención expresa sobre las sociedades, se consideran que éstas no deben ser objeto de protección por la ley de los consumidores y usuarios, y en este caso, por la directiva comunitaria transpuesta. Sin embargo, cada vez más se están dictando sentencias por las diferentes Audiencias Provinciales del Estado en que sí que se considera que, al contrario de cómo fue redactada, la forma transparente y lógica en que debería haberse redactado la cláusula suelo, debió  consistir en advertir claramente al cliente de que en el citado préstamo se pactaba en realidad un tipo de interés fijo mínimo.

La lógica, clara y razonable fundamentación viene a exigir que, si en realidad el préstamo no puede bajar de un determinado suelo, un determinado tipo, la entidad financiera ha de advertir clara, expresa y destacadamente al cliente, (en este caso a la sociedad prestataria), de que se impone al cliente una condición general que supone partir de un tipo mínimo fijo y que la variabilidad del mismo sólo se produce desde ese tipo y al alza, según el tipo de referencia y el diferencial que se contenga en el contrato.

El Ilmo. Magistrado del Tribunal Supremo, D. Francisco Javier Orduña,  se pronuncia en el mismo sentido que las sentencias objeto del presente artículo, al considerar que la nulidad de estas cláusulas no es de aplicación únicamente a las personas físicas, sino que también puede ser de aplicación a las sociedades, siempre que se demuestre que dicha sociedad (sus representantes) no cuenten con la experiencia y conocimientos necesarios para entender dichas cláusulas y no sean transparentes ni se haya informado adecuadamente por la entidad financiera.

 
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